La nueva Ley Agraria, conocida como Ley Chlimper 2.0, ha sido oficialmente promulgada tras semanas de intenso debate. Esta norma, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial, establece un régimen tributario especial para las agroexportadoras, permitiéndoles pagar solo un 15% del Impuesto a la Renta (IR) hasta el año 2035. El Congreso aprobó el texto en agosto, y el Ejecutivo tenía plazo hasta el 10 de septiembre para su promulgación o observación. Finalmente, el Gobierno decidió avanzar con la ley, apoyado por el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, y el titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien sugirió revisar incentivos en otros sectores.

La Ley N° 32434 establece que las empresas agrarias bajo su alcance pagarán una tasa reducida de IR del 15% entre 2026 y 2035. A partir de 2036, estas empresas deberán tributar bajo el Régimen General con una tasa del 29,5%, igualándose al resto de actividades económicas. Además de la reducción del IR, la norma incluye un régimen especial de depreciación, permitiendo a las compañías aplicar una tasa del 20% anual sobre inversiones en infraestructura hidráulica y de riego, siempre que estas se realicen entre 2026 y 2035.

La ley también ofrece incentivos a las empresas que compren productos de pequeños agricultores registrados. Estas empresas podrán aplicar una deducción adicional del 25% sobre el valor de las compras, siempre que se realicen entre 2026 y 2035, aunque con un límite: la deducción no puede superar el 10% de los montos sustentados con comprobantes de pago.

En cuanto a los pequeños productores, la ley establece que aquellos con ingresos anuales de hasta 30 unidades impositivas tributarias (UIT) estarán exentos del IR. Los que tengan ingresos entre 30 y 150 UIT deberán tributar un 1,5% sobre el exceso de 30 UIT, mientras que quienes superen las 150 UIT deberán declarar y pagar como empresa agraria.

El término "Ley Chlimper 2.0" hace referencia a José Chlimper, exministro de Agricultura, conocido por su vinculación con regímenes tributarios especiales para el agro. Críticos argumentan que esta nueva ley representa una continuación de beneficios fiscales previos, sugiriendo que no es una innovación, sino una prolongación de privilegios para las grandes agroexportadoras, con implicaciones fiscales significativas. El apodo "2.0" indica que se trata de una versión actualizada de políticas anteriores, con diferencias en montos y condiciones, pero con la misma lógica de estímulos para el sector agroexportador.