La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) considera nula “de pleno derecho” la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Este contrato, que se adjudicó por 62,8 millones de euros no es por el momento objeto de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, pero tanto el Ejecutivo de María Chivite como la comisión parlamentaria que investiga en Navarra todos los contratos adjudicados a la empresa Servinabar pidieron a la OANA que lo analizara.

En el informe la Oficina Anticorrupción señala que en la valoración de los criterios cualitativos de las distintas ofertas cuatro miembros de la mesa de contratación “remitieron sus puntuaciones al presidente y este determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás”. Según añade la oficina, “este hecho constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación.

La obra de duplicación de los túneles de Belate no aparece citada en el informe de la UCO de la Guardia Civil por el que el Tribunal Supremo investiga a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero es una de las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama por su conexión con Cerdán tras haberse encontrado en casa del empresario Antxon Alonso un contrato privado por el que le vendió el 45% de las acciones de la empresa a Cerdán. Se trata de Servinabar 2000.

La adjudicación de la obra de Belate estuvo envuelta en polémica desde el comienzo. Tres miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, “puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. También destacaron que el presidente de la mesa de contratación conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.

En julio el alto funcionario del Gobierno de Navarra Lorenzo Serena, que ejerció de secretario de la mesa de adjudicación de estas obras, aseguró que “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”.

En total, el Gobierno de Navarra envió a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción seis contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Servinavar para su análisis, de los cuales en dos la directora de la oficina, Edurne Eguinoa, se desinhibió porque era directora general del Ejecutivo cuando se adjudicaron. Son el de las obras del jardín del Palacio de Navarra y del Archivo. Los cuatro analizados son los de la adjudicación para la construcción de 68 VPO en 2018, otras 46 en 2022; la construcción del colegio público de Arbizu; y las obras para el desdoblamiento de los túneles de Belate.

El vicepresidente primero del Gobierno navarro, Félix Taberna, ha apuntado que los informes de la OANA “se enmarcan en el ámbito administrativo” y que de ellos se desprende que “no constan otro tipo de responsabilidades, ni se han detectado conflictos de intereses en los miembros de la mesa de contratación”. “La Oficina tampoco aprecia perjuicio económico o afectación para la Hacienda foral”, ha apostillado.

Taberna ha añadido que existe “disparidad de criterios” entre los informes de la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción. “La Cámara de Comptos ya analizó jurídicamente y no detectó ningún tipo de responsabilidades contables ni de ninguna otra naturaleza”, ha indicado.