La dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos, ha anunciado este lunes de que está recabando toda la información necesaria para llevar a cabo “acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del video del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana”.

Según ha informado el organismo, “la cadena pública pretende depurar responsabilidades por el que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esta información como para filtrarla posteriormente” y ha insistido en que “este hecho ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto”.

Las imágenes grabadas por un equipo de À Punt con el compromiso de que se emitieron sin el sonido ambiente fueron emitidas el pasado 10 de septiembre por Televisión Española (TVE) , lo que generó una importante polémica al escucharse algunas conversaciones. Entre ellas, destaca que a las 18.59 hora la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, daba instrucciones sobre el mensaje Es-Alert que no se emitiría hasta una hora y 12 minutos más tarde, y además evitaba llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): “Llamad a Miguel Polo, a mí no me apetece”, decía.

La jueza de la dana planteó al día siguiente a la dirección de À Punt la “aportación voluntaria” de las imágenes en bruto de la reunión del Cecopi, según un auto dictado el pasado viernes. La resolución pide a la televisión autonómica que manifieste “si mantiene” el “ofrecimiento” de aportación de las grabaciones, “de manera específica” de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre.

La resolución, afirma la jueza en una clara referencia a la exconsellera Salomé Pradas, “ contradice declaraciones prestadas en sede judicial  y las circunstancias en que se obtienen”. La instructora alude al hecho de que “estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado”.

El auto explica que la “gravedad de los hechos objeto de la investigación” —los 228 presuntos homicidios imprudentes— “exige” la aportación de las grabaciones por parte de la televisión autonómica. Se trata de una instrucción, abunda la jueza, sobre unos hechos con un “gravísimo resultado lesivo”. La instructora también lamenta la “falta de documentación” de la reunión del Cecopi.