La reciente toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de legitimidad. No se trata de un relevo democrático, sino de una operación de Estado diseñada para someter al Poder Judicial al Ejecutivo. La farsa organizada fue legalizada con apariencia de elecciones.

El espectáculo, vendido como ejercicio histórico de participación popular, terminó siendo una simulación. Los mismos operadores que han manipulado elecciones locales ahora aparecieron financiando acordeones, movilizando estructuras y distribuyendo recursos públicos. Así, el nuevo máximo tribunal nace manchado por la sombra de la ilegalidad.

Documentos, testimonios y contratos revelan la llamada “Operación Acordeón”. La Secretaría del Bienestar, bajo el disfraz de programas sociales, destinó fondos a l

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