La nueva normativa europea que obliga a vender o alquilar viviendas con una calificación mínima E desde 2030 y D desde 2033 supone un escollo para el parque residencial de Gran Canaria , buena parte del cual conserva estructuras y equipos obsoletos. La mayoría de inmuebles carece además de sistemas de eficiencia como placas fotovoltaicas, un escaso 1,3% de los hogares grancanarios, según datos del Gobierno de Canarias en 2023.

Según la técnica y certificadora energética Inés Díaz, «muchos propietarios perciben la calificación de un inmueble como un trámite burocrático sin utilidad práctica», y evitan informarse sobre «un paripé para gastar dinero»; otros propietarios temen el coste de las reformas y desconocen las ayudas disponibles; y en numerosos edificios la inacción se explica por

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