Si hay algo patente una semana después de que la Contraloría General emitiera su informe preliminar sobre la grave situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, es que urge dar claridad absoluta a este delicado tema. No solo por tratarse de la aseguradora más grande del país, que afilia al 22% de los usuarios del sistema de salud, sino porque a partir de lo denunciado por el ente de control fiscal se generó una Torre de Babel en donde Gobierno y distintos sectores políticos, económicos, sanitarios, sociales e institucionales se cruzan duros y graves señalamientos, sin que la impactada ciudadanía sepa a ciencia cierta quién tiene la razón y cuáles son los responsables del descalabro de una entidad en la que el Estado es dueño del 49% y que está intervenida por la Superintendencia

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