Giormar, la contratista consentida de la SEDENA y del ISSSTE, vuelve a las andadas

Si de sancionar a servidores públicos que incurren en prácticas de corrupción y de eliminar a empresas del padrón de proveedores del gobierno que han impulsado las malas prácticas se trata, en la Secretaría Anticorrupción saben que se necesita urgentemente un nuevo marco legal que permita erradicar ese cáncer que daña el patrimonio de la nación. Con sanciones económicas irrisorias y con inhabilitaciones mínimas, para proveedores que incurren en prácticas de corrupción ante el gobierno y para malos funcionarios, el costo- beneficio de atentar contra los recursos del país ha sido más que rentable. Agregue usted cómo los juzgados en materia administrativa han tenido una racha de protección para los contratistas del gobierno que han sido inhabilitados. Así le adelanto que será en los próximos