Volver de unas vacaciones y no poder entrar en tu propia casa porque alguien la ha ocupado, es una pesadilla que nadie quiere vivir. La okupación ilegal no es sólo un problema de seguridad o de derechos de propiedad, es también el reflejo de un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, con precios desorbitados, alquileres que no paran de subir, y un sistema legal que, según muchos expertos, no está a la altura de lo que exige la realidad.

Hay familias que han visto cómo su casa era ocupada sin poder hacer nada durante meses, incluso años, mientras esperan a que los tribunales muevan ficha. Ante eso, no sorprende que algunos propietarios empiecen a buscar vías alternativas, aunque estas se salten las reglas. Lo último: lo que ya se empieza a conocer como okupar al okupa , una práctica que consiste, básicamente, en recuperar la vivienda por la fuerza antes de que el proceso judicial lo permita. El abogado José María Español , experto en este tipo de casos, ha explicado en una reciente entrevista en la COPE cómo una familia intentó recuperar su casa mientras los okupas no estaban dentro. Lo lograron durante unas horas. Pero cuando llamaron a la Policía para asegurar el proceso, la respuesta fue tan insólita como frustrante: tenían que abandonarla. Los okupas habían presentado un vídeo en el que aparecían cocinando y durmiendo dentro, lo que, según los agentes, demostraba que llevaban más de 48 horas viviendo allí. Y eso, aparentemente, les convertía en residentes .

La historia de la familia que echó a sus okupas

Uno de los elementos más llamativos del caso es el famoso plazo de 48 horas, que se ha convertido casi en una ley no escrita para muchos agentes y ciudadanos. Pero tal y como señaló Español, ese límite no aparece en el Código Penal ni en ninguna ley vigente. Es, simplemente, una interpretación errónea que se ha extendido como si fuera norma. Y lo grave es que, en la práctica, está sirviendo para consolidar situaciones de okupación que deberían ser abordadas con mayor firmeza y claridad.

En el caso narrado por el abogado, la Policía consideró que el vídeo era una prueba suficiente para considerar que los okupas tenían arraigo   en la vivienda. No importaba que hubieran entrado de forma ilegal. No importaba que los verdaderos dueños estuvieran delante, con papeles en la mano. La ley, o más bien su aplicación práctica, les empujó de nuevo a la calle. «De 48 horas se pasa a 48 meses» , lamentó Español, en referencia al tiempo medio que se tarda en recuperar una casa en España: más de un año y medio. Aunque, como reconoció, esto varía según la comunidad autónoma.

El auge de métodos alternativos para recuperar la vivienda

Ante la falta de soluciones legales eficaces, muchos ciudadanos están optando por métodos que bordean o directamente vulneran la ley para recuperar sus viviendas. El concepto de okupar al okupa es sólo una muestra de este fenómeno: personas que se organizan para reocupar su propio hogar, o que contratan a terceros para presionar a los inquilinos ilegales a marcharse. Una espiral peligrosa que, como advierten muchos juristas, puede acabar en conflictos serios, incluso violentos.

En algunos municipios catalanes, donde, según datos recogidos por El Debate, se han multiplicado los casos, los propietarios han empezado a cortar el agua o la luz para disuadir a los okupas. Pero estas acciones, aunque comprensibles desde el punto de vista emocional, pueden acabar perjudicando más a quien intenta recuperar su casa que a quien la ocupa. Y, mientras tanto, los tribunales siguen saturados , la policía sin un protocolo claro, y los okupas, en muchos casos, actuando con total impunidad.

Una reforma legislativa que ya llega tarde

Lo que muchos expertos llevan tiempo pidiendo, y lo que volvió a subrayar José María Español en su entrevista en La Linterna, es una reforma legislativa urgente que ponga fin a esta situación. Una ley clara que distinga sin ambigüedades entre okupación y vulnerabilidad social, y que dé herramientas eficaces a los propietarios para recuperar su vivienda sin tener que embarcarse en una batalla legal de años. «España es la excepción de Europa a la legislación que defiende la propiedad», advirtió el abogado. Y, en efecto, en la mayoría de países del entorno europeo este tipo de situaciones se resuelve en días, no en años.

La reforma, según los expertos, debería incluir al menos tres pilares fundamentales: prioridad judicial para casos de okupación, protocolos policiales unificados para que no haya diferencias entre provincias o agentes, y una política de vivienda social realista y efectiva que ayude a quienes no tienen hogar sin que eso implique violar los derechos de otros ciudadanos.

En definitiva, lo que este caso revela, como tantos otros que apenas salen a la luz, es una falla profunda en el sistema legal y político español . Una situación que siempre provoca desesperación, inseguridad y una sensación de abandono hacia unos propietarios que no pueden recuperar lo que les pertenece y en muchos casos, siguen pagando. Como recordó el propio Español, «si aparecen medios alternativos a la ley, es porque esta no funciona».