Como estaba previsto en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc, la primera e histórica sentencia de la JEP impuso la máxima sanción propia. Siete exintegrantes del último secretariado de las Farc durante los próximos ocho años –una vez quede en firme la condena– participarán en el programa de desminado y en la búsqueda de desaparecidos como forma de reparar a las 4.325 víctimas de secuestro.

Contraloría alerta que de los 107 billones invertidos en la implementación de la paz solo el 17 % muestra resultados medibles

Uno de los puntos de debate de la sanción gira en torno a la participación en política, actividad que han venido ejerciendo desde 2018, cuando les fueron otorgadas las curules en el Congreso; un trabajo legislativo opaco que ha sido duramente critic

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