El 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia sancionatoria en el caso 01, relacionado con la toma de rehenes y la grave privación de la libertad durante el conflicto armado en Colombia. La lectura de la decisión se llevó a cabo sin la presencia de los siete exintegrantes del Secretariado de las FARC ni de los representantes de las víctimas reconocidas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas impuso medidas contra varios exlíderes de las FARC, incluyendo a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y los congresistas Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel. La JEP destacó que la guerrilla utilizó el secuestro como una estrategia para financiar sus operaciones y para forzar intercambios humanitarios por guerrilleros detenidos.

Los exintegrantes del Secretariado que aceptaron su responsabilidad deberán realizar "trabajos restaurativos" como parte de su sanción. Aunque no se les impone prisión, enfrentarán restricciones en sus derechos y libertades, incluyendo horarios específicos, permanencia en zonas delimitadas y monitoreo constante, según informó la JEP.

El magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de la Sección de Primera Instancia de Reconocimiento de la Verdad, afirmó que los excomandantes guerrilleros fueron declarados "máximos responsables" por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Suárez Aldana subrayó que el Secretariado de las FARC tenía conocimiento claro de las acciones cometidas.

Durante el proceso, que se extendió por siete años, se acreditaron 4.325 víctimas, lo que resalta la magnitud de los crímenes y el impacto del conflicto armado en la sociedad colombiana.