La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dijín de la Policía que, en un plazo de 10 días hábiles, entreguen un informe detallado sobre los procesos penales activos en Colombia contra Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. La decisión hace parte del trámite de extradición que cursa en su contra, a petición de una corte de Estados Unidos.

El alto tribunal busca establecer si existen investigaciones en curso que puedan chocar con el pedido de las autoridades estadounidenses. Según la defensa de Marín Silva, se estaría incurriendo en una vulneración al principio de non bis in ídem, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

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En su argumentación, l

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