La controvertida primera sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque se apegó a lo pactado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en La Habana, desató fuertes cuestionamientos por la laxitud de las sanciones y por puntos críticos como la falta de claridad en las restricciones a la libertad de los siete comparecientes, lo que podría abrir la puerta a una eventual intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

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En diálogo con este diario, la exdelegada en las negociaciones Juanita Goebertus dijo que, al cerrar el examen preliminar sobre Colombia, "la Corte Penal Internacional advirtió que continuaría monitoreando po

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