El Gobierno ha presentado un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda en medio de la crisis habitacional, con un enfoque especial en los jóvenes. Una de las iniciativas más destacadas es la creación de una ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra en viviendas protegidas. Esta medida está diseñada para permitir que las nuevas generaciones residan durante años en una vivienda a precio tasado y, eventualmente, se conviertan en propietarios.

Sin embargo, la efectividad de esta ayuda ha sido cuestionada. Críticos advierten que su impacto depende de la disponibilidad real de viviendas en el mercado, un aspecto clave en un contexto de escasez de oferta residencial. Aunque el Gobierno estima que hasta 5 millones de jóvenes podrían beneficiarse, los datos del Ministerio de Vivienda revelan que en 2024 solo se construyeron 33 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) para alquiler, todas en las Islas Baleares.

Las cifras para el primer trimestre de 2025 son aún más preocupantes, con cero calificaciones definitivas de inmuebles de este tipo. Las calificaciones provisionales, que indican proyectos en construcción, suman apenas 65 unidades en 2024, de las cuales 53 están en Cantabria y 12 en Andalucía. Desde 2019, solo se han terminado 628 viviendas de protección oficial con opción a compra y se han promovido 539 nuevas unidades.

La nueva subvención permitirá a los jóvenes menores de 35 años destinar el dinero de la ayuda al pago de las rentas, que se descontarán del precio final de compraventa. Estas ayudas aplican solo a viviendas protegidas de carácter permanente, cuyo precio está tasado. Si la vivienda se vende en el futuro, el nuevo comprador deberá cumplir los mismos requisitos que el propietario original.

Además de la ayuda de alquiler con opción a compra, el Gobierno está trabajando en un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca movilizar 7.000 millones de euros en los próximos cinco años. Este plan triplicará los recursos actuales destinados a vivienda y destinará el 40% a aumentar la oferta de vivienda asequible, incluyendo la construcción y adquisición de vivienda protegida.

El 30% del presupuesto se enfocará en rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, beneficiando a más de 260.000 viviendas. También se contemplan ayudas para viviendas en zonas de protección patrimonial y para inmuebles vacíos destinados a alquiler asequible, con el objetivo de mejorar la calidad del parque residencial y reducir el consumo energético.