El Poder Judicial ha ordenado la liberación de Andrés Hurtado Grados, conocido como "Chibolín", tras el vencimiento de su prisión preventiva en el caso Migraciones. Sin embargo, el conductor de televisión no podrá salir de prisión debido a una segunda medida de prisión preventiva que lo mantiene detenido hasta 2026.

El abogado de Hurtado, Elio Riera, explicó en una entrevista que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para extender la primera prisión preventiva, que se refería a un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el futbolista Roberto Siucho. A pesar de la resolución del juez Walther Huayllani Choquepuma, que dispuso la excarcelación, Hurtado seguirá en el Penal de Lurigancho debido a otra investigación en curso.

La defensa de Hurtado ha argumentado que no existió tráfico de influencias en el caso Migraciones, donde se le acusa de haber facilitado trámites para Siucho, quien necesitaba renunciar a su nacionalidad peruana. Riera ha insistido en que su cliente no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, y ha solicitado la revocación de la prisión preventiva.

El caso de Hurtado se complica aún más por la segunda prisión preventiva, que se relaciona con presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en la que también están involucrados otros personajes, como la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. La defensa se prepara para discutir este caso en las próximas audiencias, donde buscará desvirtuar las acusaciones fiscales.

La situación legal de Andrés Hurtado sigue siendo incierta. Aunque una de sus prisiones preventivas ha finalizado, el conductor deberá enfrentar una investigación más compleja que podría definir su futuro judicial. La atención mediática sobre este caso continúa, dado el perfil público de Hurtado y la relevancia del delito de tráfico de influencias en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.