La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha solicitado al Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular. Esta petición incluye la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Espinoza fundamenta su solicitud en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite a la Corte Suprema declarar ilegal a un partido si sus actividades son contrarias a los principios democráticos.

Según la fiscal, Fuerza Popular ha llevado a cabo "actividades contrarias a los principios democráticos", que incluyen la vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales. Las acusaciones específicas incluyen la promoción de atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de comunicación independientes. También se menciona la persecución de estas personas por su función pública, posición política, profesión y/u opinión, lo que se traduce en un acoso sistemático.

Además, Espinoza señala que el partido ha promovido la exclusión de congresistas por disidencia política y ha legitimado la violencia como método para alcanzar objetivos políticos. La Corte Suprema, a través de su Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, se encargará de resolver esta demanda. El proceso comenzará con la notificación a Fuerza Popular, que tendrá la oportunidad de defenderse antes de que se convoque a una audiencia.

Para que la declaración de ilegalidad prospere, se requieren al menos cuatro votos de los cinco integrantes de la sala. En caso de un fallo desfavorable, tanto la Fiscalía como Fuerza Popular podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente. Esta es la segunda vez que el Ministerio Público solicita la declaración de ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática. La primera fue contra A.N.T.A.U.R.O., liderada por Antauro Humala, que fue declarada ilegal en enero de este año.

La Corte Suprema confirmó la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O., lo que resultó en la cancelación de su inscripción y el cierre de sus sedes. La decisión fue unánime y se basó en la falta de rechazo a las propuestas antidemocráticas por parte de los dirigentes del partido. La Corte subrayó que la función de los partidos en democracia va más allá de participar en elecciones, debiendo actuar conforme a los valores y principios democráticos.