La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) ha expresado su rechazo a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien anunció que se promoverán denuncias contra magistrados que declaren inaplicable la Ley de Amnistía. En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, JUSDEM calificó estas acciones como "una injerencia inaceptable que vulnera la independencia judicial y atenta contra la división de poderes que sustenta el sistema democrático".

El pronunciamiento de la asociación subraya que el control de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad son herramientas necesarias para los jueces, especialmente cuando se enfrentan a normas que pueden representar retrocesos en materia de derechos humanos. La Ley N° 32419, recientemente aprobada por el Congreso, es considerada inaplicable por algunos magistrados debido a su posible contradicción con los derechos fundamentales.

JUSDEM también lamentó que el Poder Ejecutivo utilice discursos amenazantes hacia los jueces, lo que genera un ambiente de hostilidad y debilita la confianza en las instituciones. La asociación enfatizó que los jueces deben poder tomar decisiones sin presiones externas ni temor a represalias. En su comunicado, JUSDEM reafirmó que la independencia y la imparcialidad son esenciales para el Estado de derecho.

El ministro Santiváñez, por su parte, defendió la Ley de Amnistía y afirmó que los magistrados deben "resolver conforme a nuestro marco jurídico". Anunció que el Ministerio de Justicia tomará acciones legales contra aquellos jueces que no apliquen la norma. Santiváñez argumentó que muchos policías y militares han enfrentado procesos judiciales durante décadas y que el Estado peruano ha sido obligado a pagar indemnizaciones a condenados por terrorismo, mientras que no se han reconocido los derechos de los miembros de las fuerzas del orden.

Sin embargo, el abogado Carlos Rivera contradijo las afirmaciones del ministro, señalando que no es cierto que existan policías con procesos abiertos desde hace más de 40 años. Rivera explicó que, en los años ochenta, las investigaciones a policías y militares fueron trasladadas al fuero militar, donde no avanzaron, y que en los años noventa, las investigaciones fueron cerradas por la Ley de Amnistía del gobierno de Alberto Fujimori. Aseguró que, tras el retorno a la democracia, no había casos abiertos hasta que se reabrieron a partir de la sentencia del caso Barrios Altos en 2001 y otros nuevos casos en 2023.