Mientras usted gritaba “¡Viva México!” en la noche del 15 de septiembre, la presidenta presentaba al Senado una iniciativa que podría desmantelar uno de los pilares más importantes de nuestra vida democrática: el juicio de amparo.

Mientras las plazas se llenaban de música, banderas y niños con sombreros tricolores, el Ejecutivo federal proponía una reforma que restringe el alcance del amparo, limita sus efectos generales y permite que el Estado se excuse de cumplir sentencias alegando “imposibilidad jurídica o material”. Una reforma que, bajo el discurso de modernización y combate al lavado de dinero, amenaza con debilitar el último recurso que tiene la ciudadanía para defenderse del abuso de poder.

El juicio de amparo no es un privilegio técnico ni una herramienta exclusiva de abogados.

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