El Gobierno de Gustavo Petro le entregó la Unidad para las Víctimas, una de las entidades más importantes del Estado, a un poderoso y cuestionado clan político de Santander a cambio de sus votos en el Congreso. SEMANA destapa el fortín burocrático que se construye sobre un presupuesto anual de 4,5 billones de pesos, asignados para atender a las víctimas del conflicto en el país y cuya ejecución está ahora bajo sospecha por indicios de presunta corrupción. Pero no solo eso. También hay denuncias por los atropellos que afrontan los funcionarios que se oponen a este desangre del erario y que, entre otras, tendría como posible motivación sacar recursos para financiar las campañas en las elecciones de 2026.

El control de la entidad fue un premio de la Casa de Nariño para el senador Gustav

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