El conflicto por el transporte escolar, con el que se ha inaugurado el curso, pone en evidencia un problema de mayor calado. Esos más de 5.000 alumnos que se han quedado sin poder acudir a clase por falta de autobuses viven, en gran parte, en las localidades de menor población. Esas 223 rutas escolares, que quedaron sin adjudicar por falta de entendimiento entre la Administración y los empresarios, forman parte de los servicios públicos esenciales, sin los cuales resulta imposible luchar contra la despoblación que afecta a Extremadura.

Los más perjudicados han sido, como casi siempre, los más vulnerables: los niños y niñas de las zonas rurales. En un territorio donde la distancia marca la diferencia entre poder estudiar o no, el transporte escolar no es un servicio accesorio; es la llave

See Full Page