El Gobierno nacional ha promulgado la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, su aplicación ha quedado suspendida. Esta decisión se debe a que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que la ley prevé. La información fue oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La ley, que fue aprobada tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso, implica un impacto fiscal significativo. Según estimaciones oficiales, la implementación de la ley requeriría un crédito presupuestario total de aproximadamente 3 billones de pesos en 2025, lo que equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI). Este costo incluye la creación de una nueva pensión no contributiva y otros beneficios.

El Gobierno ha señalado que el presupuesto actual no cuenta con los créditos suficientes para afrontar la aplicación de la ley. En particular, se estima que la nueva pensión representaría un gasto de 2,1 billones de pesos en 2025 y de 4,7 billones en 2026. Además, el Programa Incluir Salud, que proporciona cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, requeriría 574.200 millones de pesos adicionales en 2025 y más de 1,2 billones en 2026.

A pesar de la suspensión de la ley, el Ejecutivo ha avanzado con una readecuación presupuestaria. A partir del 1° de octubre, se han reforzado los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar los pagos a los prestadores del sistema. Sin embargo, esta medida no sustituye la implementación de la ley de emergencia.

El Gobierno ha enfatizado que corresponde al Congreso establecer el financiamiento necesario y aprobar las partidas correspondientes para que la normativa pueda entrar en vigor en los próximos meses. La situación actual plantea un desafío significativo para la planificación de las finanzas públicas y la atención a las necesidades de las personas con discapacidad en el país.