Congresistas de diversas bancadas han presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por su falta de idoneidad y probidad en el cargo. Esta moción, que requiere 33 firmas para ser oficializada, ha sido impulsada por Susel Paredes. Si la censura prospera, Santiváñez se convertiría en el primer ministro en ser destituido dos veces por el mismo Parlamento.

La moción de censura se basa en la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior, calificada como "desastrosa". Se le acusa de no haber logrado resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, así como de declarar estados de emergencia sin un impacto sostenible. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), los homicidios aumentaron de 1.506 en 2023 a 2.057 en 2024, lo que representa un incremento de más del 30%. Además, el SIDPOL-PNP reportó una tasa de 64,7 denuncias de extorsión por cada 100.000 habitantes en 2024, un aumento del 438% en comparación con 2019.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también ha indicado que el 85,1% de la población urbana teme ser víctima de un delito. En marzo de 2025, el 84% de los ciudadanos identificó la inseguridad como el principal problema del país, un aumento de 28 puntos porcentuales desde julio de 2024.

Además de las críticas a su gestión, Santiváñez enfrenta varios procesos judiciales. Está bajo investigación por tráfico de influencias agravado, con un impedimento de salida del país por 18 meses. También se le acusa de abuso de autoridad y de estar vinculado a un caso de omisión de denuncia relacionado con el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón.

La moción de censura destaca que estos procesos judiciales generan una "seria pérdida de confianza política y ética", lo que es incompatible con su permanencia como ministro. La reciente orden de allanamiento que lo vincula a una presunta organización criminal también ha sido mencionada, donde se le atribuye la función de articular redes de poder político y policial.

La designación de Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos es vista por los congresistas como una "vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria". Su reincorporación en un cargo clave, tras haber sido censurado anteriormente, es considerada como un debilitamiento del control parlamentario sobre el Ejecutivo.

En conclusión, los congresistas firmantes sostienen que Santiváñez ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad y confianza para liderar el sector de Justicia y Derechos Humanos, lo que representa un grave riesgo para la administración de justicia en el país.