"Un eventual acuerdo en San Antonio habría tenido repercusiones directas en la inversión y en la política habitacional. Los desarrolladores inmobiliarios podrían preguntarse si vale la pena invertir en suelos regulados, si basta ocupar un terreno para presionar al Estado", dice Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD) de la Universidad Andrés Bello.

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