Por Carlos Eduardo Lagos Campos

El sistema de salud colombiano, establecido por la Ley 100 de 1993, enfrenta una crisis estructural que pone en riesgo su sostenibilidad. La disputa entre el presidente Gustavo Petro y las EPS sobre deudas acumuladas con las IPS —estimadas en 32,9 billones de pesos por la Contraloría General (CGR) al cierre de 2024— refleja problemas profundos: una Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente, deficiencias en la gestión de las EPS y falta de claridad en el flujo de recursos. Esta crisis se manifiesta en un aumento del 101% en quejas (PQRs) entre 2022 y 2025, un 34% más de tutelas en 2024 y el cierre de servicios esenciales en clínicas como Colsubsidio Roma. Sin embargo, la experiencia de las EPS no debe descartarse. La reforma es necesaria, pero se debe

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