La descentralización y la autonomía fiscal en Colombia han sido temas de debate durante años, pero la situación actual ha llevado a un deterioro notable en las relaciones entre el poder ejecutivo y los mandatarios regionales. El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas severas, especialmente tras la reciente derrota electoral en las elecciones locales de octubre de 2023, donde su partido solo obtuvo el 26% de los votos, en contraste con los más de 11 millones que recibió en 2022.

El ministro Armando Benedetti expresó su descontento con la gobernadora del Valle del Cauca, acusándola de traición por no apoyar un proyecto de su partido en el Congreso. Esta tensión se ha extendido a otros gobernadores, como Andrés Julián Rendón de Antioquia, quien criticó a Petro por reunirse con criminales en su visita a la capital antioqueña. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se quejó de que el gobierno ha intentado sabotear a la ciudad, a pesar de haber apoyado a Petro en su campaña.

En respuesta a la falta de apoyo del gobierno, los gobernadores se reunieron en Santa Marta para diseñar una estrategia que incluía una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP). Esta reforma busca restablecer principios de la Constitución de 1991 que fueron recortados en administraciones anteriores. Sin embargo, el gobierno de Petro ha mostrado resistencia a aumentar los recursos destinados a las regiones, lo que ha llevado a un aumento de la tensión.

En febrero de 2024, los 32 gobernadores se reunieron con Petro en Cartagena, exigiendo una distribución equitativa de los recursos públicos. Aunque Petro accedió a llevar un proyecto de reforma al Congreso, su compromiso ha sido cuestionado. En agosto de 2024, durante la celebración de los 30 años de la Federación de Departamentos, los mandatarios firmaron un documento que establece la ruta para un cambio constitucional, pero la asistencia de Petro a este evento fue incierta, lo que generó más desconfianza entre los gobernadores.

La situación actual refleja una crisis de gobernabilidad y un desafío para la administración de Petro, que enfrenta la presión de los líderes regionales en un contexto de creciente descontento y demandas de mayor autonomía fiscal.