Urbán presentó una querella en la Audiencia Nacional por la implicación de altos mandos de la Policía en tiempos del PP en una investigación que le atribuía haber vendido 40 kilos de cocaína para financiar al partido cuando era europarlamentario

El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia de Miguel Urbán por el montaje policial que le atribuía tráfico de drogas con el supuesto objetivo de financiar a Podemos. La magistrada ha solicitado un informe a la Fiscalía antes de decidir si abre una investigación.

El fundador de Podemos Miguel Urbán presentó una querella en la Audiencia Nacional el pasado mes de julio en el que acusaba de varios delitos a un grupo de mandos policiales destinados en el corazón de la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La querella recaló por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3, que ahora aguarda el informe del Ministerio Fiscal.

El texto de la querella señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación.

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato”.

La representación legal de Urbán advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

La Fiscalía debe decidir, en primer lugar, sobre la competencia del caso, si corresponde a la Fiscalía Anticorrupción o a sus compañeros destinados en la Audiencia Nacional asumir la causa, en el caso de que aprecie indicios de delito. Otro juzgado de la Audiencia Nacional investiga las maniobras policiales contra Podemos en el mismo periodo del montaje a Urbán.

La primera opción del exfundador del partido fue personarse como acusación en ese caso del Juzgado de Instrucción número 5, pero el juez Santiago Pedraz, de acuerdo con el fiscal del caso, rechazó esa posibilidad al considerar que se trata de hechos distintos.