Por falta de competencia y carencia actual de objeto, la Procuraduría de Gregorio Eljach pidió a la Corte Constitucional declararse inhibida de emitir un concepto de fondo sobre el ‘decretazo’ de la consulta popular del presidente Gustavo Petro.

Lo que, en la práctica, salvaría al Gobierno de un escenario jurídica y políticamente adverso: si la Corte y el Consejo de Estado, como prevén la mayoría de juristas, declaran el 'decretazo' contrario a la Constitución, ese intento del Ejecutivo por saltarse el 'no' del Senado en la convocatoria a una consulta popular, quedaría claramente proscrito hacia el futuro.

Esto además de las responsabilidades penales que se abrirían en contra de quienes firmaron el documento.

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