Durante una audiencia virtual, Delia Espinoza, la suspendida fiscal de la Nación, se defendió de las acusaciones en su contra y afirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le tendió una "trampa jurídica". Esto ocurrió mientras se evaluaba su recurso de amparo contra la JNJ, que le ordenó restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Espinoza argumentó que, al negarse a cumplir con esta orden, se encontraba en una situación complicada: si entregaba el cargo, el Congreso podría acusarla de infracción constitucional, y si no lo hacía, sería sancionada por la JNJ.

"A mí se me tendió una trampa en el sentido jurídico de que si yo accedía a ejecutar o a cumplir con el artículo tercero de la resolución 231, inmediatamente se me podía, y con toda justicia, el Congreso me hubiera denunciado", explicó Espinoza. La magistrada subrayó que su nombramiento como fiscal de la Nación fue realizado por la Junta de Fiscales Supremos, y no por la JNJ, lo que la exime de cumplir con la orden de restitución.

Espinoza también destacó que la destitución de Benavides y su propia situación son inseparables. Afirmó que la JNJ no tiene la autoridad para intervenir en la designación del fiscal de la Nación, ya que este nombramiento corresponde exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos. Además, mencionó que la Junta de Fiscales ha solicitado aclaraciones a la JNJ sobre su resolución, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

En una entrevista reciente, Espinoza criticó duramente a la JNJ y al nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmando que hay un intento sistemático por alejarla del Ministerio Público. "En el fondo, me tienen miedo", declaró. También acusó a la JNJ de actuar como una "banda criminal" y denunció campañas de desprestigio en su contra, atribuyéndolas a su negativa de seguir agendas políticas.

Espinoza cuestionó la idoneidad de Gálvez para el cargo, describiéndolo como un "político" que carece de la ética y profesionalismo necesarios. Aseguró que no se aferra al cargo, pero defendió su posición como fiscal de la Nación, argumentando que su nombramiento es legítimo y constitucional. La situación de Espinoza continúa generando controversia en el ámbito judicial y político del país.