Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han destapado un oscuro entramado criminal en Tabasco, donde Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo La Barredora y exsecretario de Seguridad, daba órdenes de asesinato, tortura y desaparición de criminales. Desde 2022, las comunicaciones interceptadas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste revelan que Bermúdez Requena instruía a Juan José de la Cruz Sánchez, alias JJ, a ejecutar estos crímenes en Chiapas para evitar que se contabilizaran en Tabasco.

"JJ manifestó que en Tabasco el cártel es de ‘Requena’, quien trae a La Barredora. Asimismo, JJ refirió que las autoridades de Tabasco les tienen ordenado que cuando ejecuten a una persona, lo hagan en Chiapas, destacando que a esa modalidad se le conoce como sembrando vidas", señala el informe filtrado por el grupo de hackers Guacamaya Leaks.

Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad desde diciembre de 2019 hasta enero de 2024. Durante su gestión, uno de sus principales objetivos fue reducir la incidencia delictiva en el estado. Sin embargo, esta estrategia de "sembrar cuerpos" en otros estados permitió que Tabasco reportara una disminución en las carpetas de investigación por homicidio, pasando de 565 en 2019 a 234 en 2023. Sin embargo, tras su salida del gobierno, las cifras se dispararon, alcanzando 707 carpetas en 2024, un aumento del 200% respecto al año anterior.

Los documentos también revelan que Juan José de la Cruz Sánchez fue designado como jefe regional por el Comandante H, supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, para controlar varios municipios. En 2021, JJ fue responsable del secuestro de 30 miembros del grupo rival La Línea, liderado por un sujeto conocido como Don Ángel. El informe detalla que, durante el secuestro, a las víctimas se les infligieron torturas para obtener información, y aunque algunos fueron liberados, se les advirtió que estaban condenados a trabajar para sus captores.

La corrupción de las autoridades estatales de Tabasco con el CJNG ha permitido que JJ operara con impunidad, lo que complica cualquier acción legal en su contra. El informe advierte que cualquier intento de detenerlo podría desencadenar una ola de violencia, incluyendo bloqueos carreteros y ejecuciones. Las comunicaciones interceptadas también sugieren que las personas cercanas a Bermúdez Requena estaban involucradas en estas actividades delictivas, lo que pone en evidencia la profunda conexión entre el crimen organizado y las autoridades en la región.