El Boletín Oficial de la Nación del 22 de septiembre sorprendió con un movimiento contradictorio: el Gobierno promulgó la Ley 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación.

La norma, que había sido aprobada por el Congreso pese a la resistencia del Ejecutivo, establece la creación de una pensión no contributiva por discapacidad, actualiza los aranceles del sistema de atención y garantiza compensaciones a los prestadores.

Sin embargo, su vigencia quedó atada a una condición: que el Congreso determine de manera explícita las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias necesarias.

La llegada a este punto fue el resultado de una disputa de meses entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

El Congreso, impulsado por un ampl

See Full Page