Murcia conmemora los 50 años de los últimos fusilados por el franquismo: "Las generaciones futuras deben saber que Franco fue un asesino"

La luz de la mañana cae sobre el Cementerio de Nuestro Padre Jesús en Murcia y golpea los monolitos con un brillo frío. Hoy se conmemoran los cincuenta años de los últimos fusilamientos del franquismo y el foco recae sobre la tumba de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco jóvenes ejecutados en septiembre de 1975. Aquella ejecución cerró un ciclo de represión que había marcado los últimos meses de la dictadura, con tribunales militares que aceleraron muchas condenas sin garantías, mediante acusaciones fabricadas llevando a cabo una estrategia deliberada de miedo y terror. Frente a su tumba, la memoria de José Luis y de sus compañeros se percibe como un recordatorio concreto de los límites a los que puede llegar a cruzar un Estado cuando ejerce la violencia de manera sistemática.

José Luis Sánchez Bravo Solla nació en Vigo en 1954 y llegó a ser estudiante de Física en Madrid cuando decidió involucrarse en la lucha contra el franquismo. Militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), denunciando la represión, la censura y la falta de libertades que marcaban la vida cotidiana en el régimen. Su arresto se produjo tras ser acusado de estar vinculado al atentado en el que falleció el guardia civil Antonio Pose Rodríguez en agosto de 1975, cargos que él siempre negó. El juicio, celebrado por consejo de guerra, careció de las garantías mínimas de un proceso justo, y durante casi dos años Sánchez Bravo tuvo que moverse entre la vigilancia y la persecución del régimen, tratando de continuar su vida mientras el Estado lo buscaba, hasta ser detenido en Madrid tras un viaje a Mazarrón, en un contexto de represión creciente donde cada juicio militar servía tanto para castigar como para disuadir a los demás.

“El reconocimiento de la inocencia de mi tío”, explica Luis Vera Sánchez-Bravo, “después de 50 años, ha tenido un impacto muy positivo en nuestra familia. Es el fruto de una larga lucha, impulsada sobre todo por el empeño y la constancia de mi madre, y también gracias al actual gobierno de coalición que ha hecho posible este reconocimiento”. Sin embargo, continúa, “sentimos que este esfuerzo debería ir acompañado de una compensación económica, porque durante cinco décadas hemos llevado un apellido señalado; que aún hoy seguimos siendo objeto de insultos y desprecios por parte de quienes nunca reconocerán el atropello cometido por Franco, que entró matando y se fue matando”.

El 27 de septiembre de 1975, junto a sus compañeros José Humberto Baena y Ramón García Sanz, Sánchez Bravo fue ejecutado en Hoyo de Manzanares, mientras otros militantes de ETA recibían la misma pena en Burgos y Barcelona. De los once condenados a muerte en aquel último tramo del franquismo, seis recibieron indulto, pero él no tuvo esa suerte. Sus restos fueron trasladados a Murcia, donde reposan en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús, frente al monolito que recuerda a todas las víctimas de la dictadura. Hoy, cincuenta años después, frente a su tumba, la historia de Sánchez Bravo no se percibe como una lección abstracta; se percibe como un hecho concreto, vivo en la memoria colectiva, un recordatorio de la violencia sistemática del régimen y de la resistencia de quienes se enfrentaron a él.

“Hay muchos mitos que derribar de nuestra historia más oscura”, señala Luis Vera Sánchez-Bravo. “Uno de ellos, y quizá el más doloroso para mi familia, es la supuesta legitimidad de aquellos consejos de guerra. No lo fueron. Fueron un fraude jurídico consciente, porque aplicaron retroactivamente el Decreto-ley 10/1975, cuando el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa estaba reconocido en nuestro propio Código Penal desde el siglo XIX”. Se presentaron como normas de procedimiento, pero en realidad agravaron penas y abrieron la puerta a la pena de muerte, explica. “Y todo esto en un país sin Tribunal Constitucional, con tribunales controlados por el régimen y con Franco firmando personalmente el ”enterado“ que decidía la vida o la muerte. No fueron solo farsas políticas; fueron fraudes jurídicos diseñados para eliminar a quienes se oponían a la dictadura”.

El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto en el que se ha recordado el valor de los cinco jóvenes ejecutados y se ha alertado sobre la persistencia de discursos y actitudes autoritarias que “buscan reescribir la historia”. Se ha destacado la necesidad de mantener viva la memoria histórica y de “resistir frente al fascismo renacido”. Han intervenido figuras vinculadas a la memoria histórica y a la investigación académica, como la historiadora Marta Núñez y Ginés Fernández, del Partido Comunista de la Región de Murcia, así como también los políticos de Podemos Javier Sánchez Serna y Víctor Egío.

La familia Sánchez-Bravo, también insiste en los progresos que todavía pueden hacerse en materia de memoria: “Ya en 2022 la memoria histórica pasó a reconocerse como memoria democrática, lo cual fue un paso importante. Pero lo fundamental para lograr una reparación justa y de justicia es escribir nuestra historia correctamente y enseñarla sin complejos. Que las generaciones venideras sepan con claridad quién fue Franco: un dictador, asesino y secuestrador de libertades. Solo desde esa enseñanza, desde el colegio, podremos construir una memoria colectiva honesta”. A partir de ahí, el reconocimiento ya alcanzado debe seguir avanzando con medidas sustanciales que refuercen esa verdad y esa justicia.