La Ley de Cumplimiento Tributario que comenzó a regir en octubre del año pasado incorporó una norma que apunta a incentivar la formalización de actividades económicas.

De acuerdo a la legislación, desde el 1 de mayo de 2025 los servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades que entreguen financiamiento debían exigir inicio de actividades a sus proveedores y clientes.

Esta misma exigencia se aplicará a los bancos comerciales en los casos en que se tramiten créditos o préstamos dirigidos a personas jurídicas, empresarios individuales u otras formas de entidades empresariales. En este caso, la norma comenzaba a regir el 1 de julio pasado.

Pero ambas medidas generaron alerta entre los pequeños emprendedores, ya que podrían tener un impacto importante en el acceso a financiamient

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