Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— Tras la denuncia presentada por el restaurante Sonora Grill contra un funcionario de la Secretaría de Salud estatal por presunta extorsión y amenazas, el Gobierno de Yucatán emitió un comunicado que ha sido calificado como insuficiente y sin acciones concretas para sancionar al responsable o garantizar transparencia en el proceso.

De acuerdo con la denuncia, Abraham Antonio Puch Cardeña, subdirector de Control y Fomento Sanitario, habría solicitado 550 mil pesos al representante legal del restaurante a cambio de retirar los sellos de suspensión impuestos al establecimiento, además de exigir una mensualidad de 30 mil pesos para “protegerlos”. El caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su investigación.

El comunicado oficial del Gobierno estatal, replicado en distintos medios, se limita a señalar que “no hay cabida para la corrupción” y que se dará puntual seguimiento a las indagatorias. Sin embargo, críticos subrayan que no se menciona la suspensión preventiva del funcionario señalado, auditorías internas ni una fiscalización clara, lo que consideran un mensaje vacío y decorativo.

Desde la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), su presidenta Claudia González Góngora llamó a que los hechos se aclaren conforme a derecho y refrendó el compromiso de los empresarios con la transparencia. Reiteró que los restauranteros están obligados a cumplir la normatividad, pero también necesitan certeza de que las autoridades actúan con apego a la legalidad y sin abusos de poder.

La falta de medidas inmediatas ha generado preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre el impacto en la confianza ciudadana y en la actividad económica. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación en la Fiscalía, en espera de que se definan responsabilidades y se apliquen sanciones claras a los involucrados. ( Noticaribe )