**¡Escándalo en EsSalud! Médico y paciente condenados por corrupción!**

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco ha logrado que se declare la responsabilidad penal del médico José Antonio Díaz Cachay y del paciente Juan Rubén Salazar S. por delitos de corrupción. La sentencia se dictó tras comprobar que el médico recibió S/8.000 de Salazar a cambio de emitir informes médicos favorables que facilitaran el acceso a una pensión por invalidez.

Los hechos ocurrieron en 2018, cuando el doctor Díaz, quien formaba parte de la Comisión Médica de Calificación de Incapacidad del Hospital II de EsSalud en Pasco, solicitó el dinero al paciente. Este último accedió al pago con el objetivo de obtener un documento que certificara enfermedades profesionales, lo que le permitiría acceder a beneficios laborales.

La fiscal adjunta provincial, Jaquelyne Milagros Criollo Díaz, explicó que a José Díaz se le atribuyó el delito de cohecho pasivo propio, aprovechando su cargo en EsSalud. La gravedad del caso radica en que un funcionario utilizó su posición para obtener beneficios personales en detrimento del Estado. Como resultado, se le impuso una pena de cinco años de prisión suspendida, bajo un régimen de prueba de cuatro años. Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos y se le impuso el cumplimiento de reglas de conducta específicas.

El médico también deberá pagar S/10.000 en concepto de reparación civil al Estado y una multa equivalente a 365 días-multa, que supera los S/24.000. La sentencia establece que, si incumple las reglas o reincide, la pena suspendida se convertirá en efectiva.

Por su parte, Juan Salazar, quien entregó el dinero al médico en representación de su hermano, fue condenado por cohecho activo genérico. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida, con un régimen de prueba de dos años, además de cuatro años de inhabilitación. También deberá pagar S/3.000 de reparación civil y una multa equivalente a 365 días-multa, calculada en más de S/2.700.

La fiscal provincial subrayó que tanto el cohecho pasivo como el activo son delitos que afectan la administración pública y socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud. Criollo Díaz enfatizó que estas prácticas deben ser sancionadas de manera ejemplar, ya que comprometen recursos del Estado y vulneran los derechos de los pacientes.

Con esta sentencia, la Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción en instituciones clave como EsSalud, donde la transparencia y la ética profesional son esenciales para garantizar una atención adecuada a los asegurados.