SAN SALVADOR (AP) — La Asociación de Periodistas de El Salvador anunció el miércoles que decidió trasladar su personería jurídica a otro país de la región “para poder continuar defendiendo los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, luego de cerrar sus oficinas debido a las restricciones que impone la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Esta fue una decisión difícil, tomada tras evaluar la necesidad urgente de trabajar sin limitaciones, ni presiones, como las derivadas de normativas restrictivas vigentes en El Salvador”, indicó la APES en un comunicado.

La asociación de periodistas —que no especificó a que país de la región moverá su personería jurídica— envió un mensaje a los colegas de los medios salvadoreños, en el cual reafirmó su compromiso de seguir defendiendo sus derechos, “así como de aquellos en situación de exilio en el exterior”.

Señaló que seguirá trabajando por la defensa del periodismo salvadoreño y “de quienes continúan ejerciéndolo con independencia, valentía y compromiso, a pesar de las amenazas y obstáculos que pretende imponer el régimen político en el país”.

La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en el Congreso y promovida por Bukele, establece un impuesto del 30% a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero, y también impone la creación de un registro al que deben inscribirse todas las organizaciones que operen en el país. Además, le da amplias facultades al Registro de Agentes Extranjeros —una nueva oficina que depende del Ministerio de Gobernación— para fijar los requisitos que las asociaciones deben cumplir.

La norma entró en vigor el 7 de junio y estableció un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se inscriba en el registro, viéndose obligada a entregar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que le sea requerida.

En septiembre la APES anunció que dejaba de ejecutar proyectos financiados con fondos de la cooperación internacional y que cerraba sus oficinas hasta nuevo aviso debido a “las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone” la Ley de Agentes Extranjeros.

En el marco de su salida del país, la APES anunció también que ha documentado el exilio de 43 periodistas salvadoreños entre marzo y junio de 2025.

Aunque no publica los nombres de los periodistas ni los medios para los que trabajan, dice que en la mayor parte de los casos se trata de profesionales que han ejercido su labor dentro de medios de comunicación digitales independientes y con un promedio de carrera que sobrepasa los 10 años de experiencia.

Indicó también que muchos de estos periodistas, pese a haber salido como una medida temporal, no han retornado al país “por temor a ser detenidos bajo cualquier justificación espuria como ha sucedido con algunos defensores de derechos humanos”, y advirtió que el éxodo de comunicadores implica un riesgo inmediato de que el país experimente “un apagón informativo", ante la falta de profesionales independientes y con experiencia.

La APES, fundada en 1936, es la cuarta asociación no gubernamental que cierra operaciones en El Salvador, luego de que en julio la principal organización defensora de los derechos humanos en el país — Cristosal — anunció que se iba tras denunciar creciente acoso y amenazas jurídicas por parte del gobierno.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) también cesaron operaciones tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

La APES denunció que tiene más de un año intentando obtener credenciales para su junta directiva, y agregó que seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador.