El alcalde de El Cajón, Bill Wells, emitió un comunicado calificando la demanda del Fiscal General de California, Rob Bonta, contra la ciudad por compartir datos de lectores automáticos de matrículas como "represalia política contra una ciudad conservadora".

La Fiscalía demandó a El Cajón el viernes por presuntamente violar la ley estatal al compartir datos con autoridades federales y fuerzas del orden en más de dos docenas de otros estados.

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La demanda, presentada en el Tribunal Superior de San Diego, alega que El Cajón ha incumplido el Proyecto de Ley Senatorial 34, una ley de 2015 que prohíbe compartir datos de ALPR con agencias del orden de otros estados, a pesar de que el Departamento de Justicia de California contactó a

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