Tras anunciar la pasada semana su intención de incluir el derecho del aborto en la Constitución, el Gobierno redobló ayer su interés por este asunto al enviar el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un requerimiento formal a los mandatarios de Madrid, Aragón, Asturias y Baleares en el que les exige que creen el registro de médicos objetores de conciencia frente al aborto en un plazo máximo de tres meses, como marca la ley. En caso contrario, avisa el líder socialista, contemplará acciones legales contra ellas.

«Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», comienza el escrito remitido por el presidente.

Una petición que

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