**Presión y polémica en la compraventa de la casa de Allende** En el marco de las investigaciones sobre la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, los abogados del Ministerio de Bienes Nacionales han revelado detalles sobre la presión que enfrentaron para completar la documentación en un tiempo récord. Muriel Letelier, una de las abogadas involucradas, declaró que Pablo Maino, jefe de la División de Bienes Nacionales, realizaba constantes llamadas, incluso durante los fines de semana, para acelerar el proceso. Los testimonios de los funcionarios, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, indican que los trámites se llevaron a cabo de manera apresurada. Letelier, quien era asesora jurídica de la entonces ministra Marcela Sandoval, relató que fue presionada para firmar el Decreto Supremo nº38, que autorizó la compraventa. "Me dijo que mi opinión no cambiaría la decisión", recordó Letelier sobre la conversación con Denisse Hernández, jefa de gabinete de la ministra. El 25 de noviembre, Hernández le indicó que no podía irse sin que se firmaran los decretos de las casas de Allende y de Patricio Aylwin. Letelier afirmó que revisó los documentos en un tiempo muy breve, acompañado de otra asesora, y que finalmente visó el decreto de Allende sin haberlo leído detenidamente. Este decreto incluía a Maya Fernández, ministra de Defensa, e Isabel Allende, senadora, como propietarias, lo que generaba inhabilidades por sus cargos. Letelier también mencionó que el jefe del Departamento de Adquisiciones, Felipe Lanchares, le comentó que Maino tenía "mucha premura" para finalizar el proceso. "Maino insistía mucho, llamándolo desde muy temprano hasta muy tarde, e incluso los fines de semana", relató Letelier. Además, la abogada fue testigo de una llamada del representante de la familia Allende, Felipe Vio, a Lanchares, en la que se discutió la tasación inicial de la propiedad, fijada en $828 millones. Lanchares defendió el avalúo, pero se comprometió a consultar a Maino sobre la posibilidad de realizar una nueva tasación. Finalmente, el ministerio realizó un nuevo análisis que incrementó el valor de la propiedad en cerca de $90 millones. Letelier, tras la renuncia de Sandoval y el escándalo que se desató, puso su cargo a disposición. En su declaración, reflexionó sobre la falta de criterio político en el proceso de compra y la necesidad de haber levantado alertas sobre las prohibiciones constitucionales. Aunque firmó el decreto, Letelier enfatizó que su excompañera también tuvo un papel importante en la situación. La situación sigue generando controversia y se espera que las investigaciones continúen para esclarecer todos los detalles de este caso.