El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la Ley de Administración Abierta que excluye a los familiares de los conflictos de intereses. Es decir, que la esposa del líder socialista, Begoña Gómez , o su hermano,  David Sánchez , se quedarían fuera de esta normativa y, por tanto, no estarían obligados a rendir cuentas por sus viajes o reuniones con empresas o lobbies . Así se desprende de las palabras del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes.

Tal y como desveló OKDIARIO, la ley ampliará los controles sobre « altos cargos , personal eventual de especial confianza o asesoramiento político, personal directivo y personal empleado público del Estado». Entre otras cosas, el ministro ha destacado que se incluirá la «obligación de publicar las agendas institucionales y viajes oficiales de los altos cargos hasta subdirector». Sin embargo, ni rastro de familiares o cónyuges de representantes políticos o miembros de la administración.

Y así lo ha admitido el ministro: «Toda la regulación afecta a los cargos públicos, todas las normas afectan a quien se puede exigir: a quien ostenta un cargo público ». «Esto viene de lejos, pero no está en los planes la regulación de la pareja del presidente », ha subrayado, para apostillar: «Todos los esfuerzos que hacemos por reforzar la transparencia afectan a los cargos políticos y públicos».

Y ha justificado esta exclusión en que «la figura de la pareja del presidente del Gobierno no es un cargo público , ni funcionario, ni tiene un sueldo público ». Sin embargo, Begoña Gómez sí que goza de una asesora, Cristina Álvarez , contratada con dinero público por La Moncloa y que, en la práctica, trabajaba para ella. Y López se ha preguntado a sí mismo si un familiar se tiene que ver «sometido al escrutinio de los políticos » y si «debería tener expuesta su agenda». «Obviamente no », ha zanjado.

Además, ha incidido en que ya existen normas para controlarlo: «Todos nuestros familiares ya están sometidos a un cierto control y hay un régimen de incompatibilidades ». Y ha lamentado que «incluso se pueden ver perjudicados porque su familiar es político o cargo público».

El dirigente socialista ha asegurado que la nueva norma responde al « compromiso del Gobierno con la transparencia». López se ha vanagloriado de que España disfruta de «una de las democracias más avanzadas del mundo», aunque ha asegurado que quiere mejorar «más» ante lo que considera la «amenaza del caballo de Troya de la ultraderecha que quiere socavar las bases de la democracia».

A su vez, el titular de Transformación Digital ha puesto en valor que el proyecto normativo «se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del GRECO , la Unión Europea y de la sociedad civil ».

Sin las reformas que pide Europa

No obstante, la realidad es bien diferente. El Grupo de Estados contra la Corrupción lanzó una advertencia que no ha acatado el Gobierno. Y es que el GRECO detectó que no había habido « avances significativos » respecto a la transparencia y publicación de los datos económicos, «información financiera», de los « cónyuges y familiares » de los altos cargos. Es más, el Grupo de Estados contra la Corrupción reprochó al Gobierno que no hubiera «prestado suficiente atención» a este asunto.

El GRECO también ponía el acento sobre el conflicto de intereses y señaló que no se había diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su « naturaleza política » y su «interacción con el sector privado » enfrentan « desafíos particulares ».

Y, por otro lado, tampoco ha recogido el clamor social y mediático para que se regulen las figuras de los familiares tras la imputación en sendas causas judiciales de la mujer del presidente y de su hermano, David Sánchez .

Todo ello a pesar del informe demoledor de Hacienda que revelaba « irregularidades » en la adjudicación de contratos públicos adjudicados a  Juan Carlos Barrabés , empresario gurú de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Y sobre este texto tampoco ha pesado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que analizó 121 correos de la asesora contratada por La Moncloa que trabajaba para Begoña Gómez.

«Ejercicio de rendición de cuentas»

En su lugar, Óscar López ha puesto el acento en lo que considera que son las «grandes novedades» respecto a «la transparencia y la rendición de cuentas». «El presidente viene haciendo un ejercicio de rendición de cuentas cada seis meses con el programa Cumpliendo », ha subrayado el titular de Transformación Digital.

Las medidas que ha puesto en valor el político socialista son las siguientes:

  • Publicación de agendas y viajes . En primer lugar, ha señalado la importancia de «ampliar las obligaciones de la huella normativa». Es decir, la «obligación de publicar las agendas institucionales y viajes oficiales de los altos cargos hasta subdirector».
  • Reforma del Portal de Transparencia . Ahora se incluirá la información relativa a «asesores puntuales».
  • Régimen de prevención de conflictos de intereses. Ha detallado que sólo se ampliará al «personal eventual» y obligando a «una declaración de bienes y actividades».
  • Pacto de integridad . El Gobierno obligará a las «empresas que concurran a licitación pública» a firmar «un pacto de integridad».
  • Auditorías ciudadanas .
  • Régimen de infracciones . Para sancionar a «quienes incumplan las obligaciones».

El Gobierno ha aclarado que esta norma es «de aplicación a toda la Administración General del Estado , Congreso, Senado y Casa Real ». Sin embargo, ha matizado que «el régimen sancionador» solamente se refiere a la plantilla de la Administración General del Estado.