Ayer Lima y Callao amanecieron paralizadas por el paro de transportistas, una protesta que desnuda la vulnerabilidad de un sistema sostenido sobre la informalidad y la desprotección. Más de 400 empresas de transporte operan en la capital con una flota superior a 22 mil vehículos, de los cuales más del 30% son obsoletos. A esto se suma una estructura empresarial fragmentada, donde conviven consorcios y las llamadas “empresas cascarón”, que solo existen en el papel para obtener permisos, sin control real sobre los vehículos ni sus conductores. En ese vacío institucional, las mafias encontraron terreno fértil.

Por estos días, cientos de transportistas trabajan bajo amenaza, obligados a pagar “cupos” para poder circular. Lo que comenzó como un problema de seguridad se ha convertido en un obst

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