**Corte investiga a Jaramillo y Roa por irregularidades en campaña**

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la remisión de copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esto con el objetivo de investigar posibles irregularidades en los gastos reportados durante las campañas electorales de 2022. Las indagaciones se centran en Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud y coordinador de la campaña legislativa del Pacto Histórico.

La Corte busca determinar si hubo violaciones a los topes de gasto y errores en la contabilidad electoral. Según la Sala de Instrucción, Jaramillo y Roa podrían haber llevado a cabo maniobras contables para hacer pasar gastos de la campaña presidencial como si pertenecieran a los candidatos al Congreso. Se alega que el equipo contable, con la autorización del gerente general, utilizó facturas modificadas para distribuir gastos de la campaña presidencial entre los aspirantes al Senado.

Entre las evidencias presentadas, se menciona un contrato con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (SADI), gestionado por Roa y firmado por Jaramillo. Este contrato fue registrado como gasto de transporte para los candidatos al Congreso, aunque los servicios aéreos se utilizaron en realidad para la campaña presidencial de Petro. La Corte señala que el 16 de marzo de 2022 se emitió una factura a nombre de la campaña “Petro Presidente”, que incluía 72 horas de vuelo en helicóptero y otros servicios. Esta factura fue anulada por un error en la forma de pago.

Posteriormente, se generaron nuevas facturas que dividieron los servicios: una para la campaña al Senado y otra para la campaña presidencial. La Corte considera que este fraccionamiento indica que parte de los servicios utilizados por la campaña presidencial se atribuyeron a la campaña legislativa, lo que podría haber alterado los reportes financieros entregados al CNE. La Sala ha solicitado a las autoridades competentes que determinen si hubo falsedad en documento privado o fraude procesal.

Esta decisión de la Corte se suma a una serie de investigaciones abiertas sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El CNE ha formulado cargos por omitir gastos superiores a 5.300 millones de pesos, superar los topes establecidos y recibir aportes de fuentes no permitidas, como los sindicatos Fecode y la USO. Aunque el presidente Petro no puede ser investigado por el CNE debido a su fuero, el organismo continúa con las actuaciones contra Roa y el equipo financiero de la campaña.

Además, la Comisión de Acusación de la Cámara ha acumulado este expediente con otros dos procesos en curso, uno relacionado con audios del ministro del Interior, Armando Benedetti, y otro con las declaraciones de Nicolás Petro. A pesar de haber realizado más de veinte pruebas, la Comisión aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo. Por su parte, la Fiscalía General mantiene seis líneas de investigación preliminar sobre posibles irregularidades en los ingresos y gastos de la campaña, incluyendo los aportes de Fecode y la USO, así como el caso de Nicolás Petro, quien admitió haber recibido dinero en efectivo de personas vinculadas al narcotráfico. La Procuraduría General también ha abierto procesos disciplinarios contra Roa y otros exintegrantes del comité financiero por presuntas omisiones en la rendición de cuentas.