El planteo llega en un momento de fuerte tensión institucional entre el gobierno provincial de Claudio Vidal y un sector del poder judicial vinculado al kirchnerismo, tras tres décadas de control político sobre la justicia santacruceña.

La propuesta establece que el Poder Ejecutivo Nacional designe un interventor federal con amplias facultades para reorganizar el sistema judicial, revisar designaciones y remover o ratificar a magistrados, funcionarios y empleados, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y apoyo operativo de fuerzas federales.

Desde el entorno del gobernador Vidal destacan que la medida busca poner fin a un esquema que "garantizó impunidad y subordinación política" durante años, y abrir paso a una justicia "independiente, profesional y al servicio de los santacru

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