**Emergencia carcelaria: Defensoría del Pueblo exige acción** La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno colombiano la declaración de una emergencia carcelaria debido a la alarmante ola de violencia que afecta a los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta petición se produce tras una serie de atentados que han resultado en la muerte de al menos cuatro funcionarios en diversas ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cali, Armenia y Palmira. La defensora Iris Marín Ortiz envió una carta al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al director del Inpec, Daniel Gutiérrez, en la que propone una hoja de ruta para reforzar la protección del personal penitenciario. En su misiva, Marín destaca la necesidad de implementar medidas urgentes, como la creación de una “ruta integral de protección” para los guardianes, la activación de mecanismos de alerta temprana y el despliegue de un puesto de mando unificado. La situación se ha vuelto crítica, con un ataque reciente en Cartagena que dejó a un dragoneante herido. Este ataque se suma a otros incidentes violentos que han llevado a la Defensoría a pedir una respuesta coordinada entre diferentes instituciones para garantizar la seguridad de los funcionarios. El Inpec ha llevado a cabo operativos en 123 cárceles del país, donde se han requisado a más de 21,000 internos y se han incautado miles de objetos ilegales, incluyendo armas y drogas. Sin embargo, la Defensoría considera que estas acciones son insuficientes y que se requiere una colaboración real entre las instituciones para mejorar las condiciones laborales y de seguridad. Marín también ha señalado que la falta de programas de resocialización y el hacinamiento en las cárceles son factores que agravan la situación. La Defensoría ha instado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para abordar esta crisis, incluyendo la judicialización de actos criminales dentro de los penales. Las autoridades han identificado a alias "Pipe Tuluá" como uno de los principales responsables detrás de estos ataques, ofreciendo recompensas a sicarios por la muerte de funcionarios del Inpec. La Policía Nacional ha realizado varias detenciones en relación con estos crímenes y continúa investigando para desarticular las redes criminales involucradas. La Defensoría del Pueblo enfatiza que la situación actual requiere una respuesta inmediata y efectiva para restablecer la seguridad en el sistema penitenciario y proteger a quienes trabajan en él.