El pleno de la Comisión de Venecia , órgano consultivo del Consejo de Europa , ha concluido que el sistema que respalda el Gobierno español para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se ajusta a los estándares europeos . Según este organismo, el filtro político que implica que las Cortes Generales elijan a los vocales de procedencia judicial vulnera los principios básicos de separación de poderes y pone en riesgo la independencia judicial.

El dictamen, aprobado por unanimidad y que será publicado oficialmente el lunes, respalda de forma inequívoca el modelo que defiende el sector conservador del CGPJ —y el Partido Popular —: que sean los jueces quienes elijan a los jueces . El texto, al que ha tenido acceso este diario, desarma uno a uno los argumentos del Ejecutivo.

Entre ellos, la tesis de que el Parlamento otorga «legitimidad democrática» a la elección de vocales judiciales. Para los expertos europeos, esa legitimidad proviene «de la Constitución, del principio de legalidad y de la confianza ciudadana» , y no de pactos políticos.

Además, la Comisión critica que la propuesta gubernamental no define criterios objetivos para seleccionar candidatos, lo que abre la puerta a la «discrecionalidad» y refuerza la percepción de un control político sobre el Poder Judicial .

Dos modelos enfrentados

El pronunciamiento se produce tras analizar los dos modelos de reforma remitidos por el CGPJ, incapaz de consensuar una propuesta única. Por un lado, el modelo apoyado por los diez vocales progresistas, afines al Gobierno, que mantienen la votación parlamentaria. Por otro, el propuesto por los diez vocales conservadores, que apuestan por la elección directa por parte de los jueces.

Ambas opciones fueron analizadas por los tres ponentes designados por la Comisión —la italiana Marta Cartabia , la suiza Regina Kiener y el francés François Seners —, quienes rechazaron los argumentos del ministro de Justicia, Félix Bolaños , tras escucharle durante su visita a Madrid.

Riesgos de politización

La Comisión también desestima la idea, esgrimida por el Ejecutivo, de que la elección por parte de los jueces derivaría en un CGPJ conservador, advirtiendo que «no se puede asumir que todo el sistema judicial tenga una ideología única» . Y rebate la crítica sobre el supuesto «corporativismo» judicial, recordando que el Consejo cuenta con ocho vocales de procedencia no judicial que garantizan la diversidad del órgano.

Si bien reconoce mejoras técnicas en la fase previa de selección dentro del modelo gubernamental, subraya que éstas se diluyen por completo en la fase final al implicar a las Cortes, lo que «frustra el objetivo de despolitizar» la elección.

Ajustes necesarios al modelo judicial

Sobre el modelo avalado —jueces eligiendo a jueces—, la Comisión de Venecia sugiere introducir ciertos mecanismos correctores para evitar que las asociaciones mayoritarias monopolicen los nombramientos. Entre las medidas, propone facilitar la candidatura de jueces no asociados y garantizar una representación equilibrada por género, territorio e instancias jurisdiccionales .

Reacción del Gobierno

Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron anoche que el texto no supone una desautorización explícita del modelo del Gobierno, aunque admitieron que la Comisión «pone en valor los riesgos del sistema corporativo» . El Ejecutivo, según las mismas fuentes, no renunciará a su propuesta de mantener la votación parlamentaria, a pesar de la contundencia del dictamen.

Una advertencia velada

Lo que la Comisión de Venecia ha trasladado en realidad es una advertencia institucional : la renovación del CGPJ debe producirse conforme a los principios del Estado de Derecho y no según las urgencias o mayorías coyunturales . Como ya advirtió el propio Tribunal de Justicia de la UE , la independencia judicial no puede estar condicionada a pactos políticos .

La opinión del organismo europeo llega en un momento especialmente delicado, con el bloqueo en la renovación del CGPJ y en plena tramitación parlamentaria de la ley de amnistía , en la que el control institucional de los jueces vuelve a ocupar el centro del debate político y jurídico.