La reforma a la Ley de Amparo sigue acumulando inquietudes de diversos sectores y ahora es el empresariado el que manifiesta una profunda preocupación, pero pese a ese escenario se ha metido el acelerador para que a principios de la semana próxima quede aprobado el dictamen.

El pronunciamiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), integrado por 25 cámaras y asociaciones, señala que las propuestas que hay debilitan gravemente el estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo y la inversión nacional y extranjera.

El CCE, presidido por Francisco Cervantes, ve riesgos como la restricción en la suspensión de créditos fiscales, la retroactividad, riesgo de cierre de empresas y pérdida de empleos y el debilitamiento del control

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