**¿Qué pasará con la pensión vitalicia de Boluarte?**

El futuro de la pensión vitalicia de la expresidenta Dina Boluarte está en manos del Congreso, que debe interpretar la ley que regula este beneficio para exmandatarios. Aunque la normativa establece que quienes han ocupado la jefatura del Estado tienen derecho a esta pensión, la decisión final recae en la Mesa Directiva del Poder Legislativo, presidida actualmente por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular.

El abogado constitucionalista Carlos González explicó que el objetivo de esta ley es garantizar que los exmandatarios mantengan un nivel de vida adecuado tras su gestión. Sin embargo, la aplicación de la norma ha sido desigual. En los casos de Francisco Sagasti y Manuel Merino, quienes asumieron la presidencia por sucesión, el Congreso optó por una interpretación restrictiva y les negó la pensión. Esta misma interpretación podría aplicarse a Boluarte, quien también llegó al poder de manera similar.

González señaló que, en este momento, Boluarte no enfrenta una acusación constitucional formal, lo que podría demorar el proceso. Sin embargo, la Mesa Directiva tiene la potestad de interpretar la norma y decidir si se le otorgará la pensión. "La pensión solo se suspende ante una acusación constitucional formalizada en el Pleno", indicó González. Este proceso puede iniciarse rápidamente si se reúnen las firmas necesarias y hay voluntad política entre los parlamentarios.

La situación legal de Boluarte ha cambiado tras su vacancia por el Congreso, ya que ha perdido la inmunidad que la protegía durante su mandato. Esto significa que puede ser investigada y, en caso de ser condenada, podría perder su derecho a la pensión vitalicia. González afirmó: "La expresidenta Boluarte ha pasado a ser una simple ciudadana. Se puede reactivar su denuncia constitucional o presentar nuevas sobre los mismos casos".

El acceso a la pensión vitalicia de Boluarte también depende de otros expresidentes. En particular, su situación está relacionada con el caso de Pedro Castillo, quien también está reclamando su pensión. El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ya ordenó al Congreso otorgar la pensión a Castillo, argumentando que se vulneró el principio de igualdad al negarle este beneficio. En contraste, Alberto Fujimori recibió su pensión a pesar de haber sido condenado por corrupción y homicidio.

Luciano López, otro abogado constitucionalista, criticó la decisión del Congreso de otorgar la pensión a Fujimori, considerándola "ilegal e inconstitucional". López subrayó que el indulto no elimina la acusación ni la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que contradice el principio de buena administración establecido en la Constitución.

González también destacó que tanto Castillo como Boluarte podrían presentar una acción de amparo para invocar el principio de igualdad, lo que permitiría al Tribunal Constitucional fijar una interpretación definitiva de la norma. Esto evitaría que el Congreso tome decisiones arbitrarias como en casos anteriores. La situación de la pensión vitalicia de Boluarte sigue siendo incierta y dependerá de las decisiones que tome el Congreso en los próximos días.