En Colombia, hablar de justicia racial en el Estado es enfrentarse a un espejo incómodo. A más de tres décadas de que la Constitución reconociera a la nación como pluriétnica y multicultural, la población afro —que representa el 10% del país— solo ha conseguido un 1% de representación en el Ejecutivo, rama del poder donde se toman gran parte de las decisiones que moldean la vida colectiva.

Así lo confirma un reciente informe de ILEX Acción Jurídica, organización liderada por mujeres afrodescendientes. En los ministerios y departamentos administrativos las cifras revelan una realidad que no sorprende, pero que debería escandalizar: el Estado colombiano no refleja la diversidad racial del país.

“La falta de representación no solo invisibiliza a la población afrocolombiana, sino que empobre

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