La Procuraduría General de la Nación se metió a la controversia que provocó en los últimos días la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), después de que le solicitó a medios de comunicación información sobre políticas internas, mecanismos de verificación y documentos sobre los consejos editoriales que se desarrollan en el día a día.

En un documento de cuatro páginas dirigido a la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, la Procuraduría General de la Nación, en un análisis preventivo, observó que la medida adoptada podría implicar un “riesgo constitucional revelante”.

El documento, firmado por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, asegura que la petición de la Comisión podría tener una competencia cuestionable, pues “l

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