La política migratoria de Colombia hacia los inmigrantes y refugiados venezolanos fue desmantelada progresivamente durante el gobierno de Gustavo Petro, al eliminar permisos para esta población. El endurecimiento de las políticas de Estados Unidos y la caída del financiamiento de la cooperación internacional también abonaron a este escenario.

Así se desprende del último informe publicado por Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Ambas organizaciones afirmaron que la administración Petro, que culmina en 2026, no generó una “estrategia integral y duradera” para garantizar la estabilidad y derechos plenos de los venezolanos, la primera población extranjera migrante y refugiada en el vecino país.

Según datos de Provea y el CDH-UCAB, más de 2,8

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