**Alerta máxima: plan de atentado contra altos funcionarios** La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta tras descubrir un presunto plan de atentado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao. Este aviso se considera una amenaza directa a los derechos fundamentales de las víctimas potenciales, incluyendo su vida y su integridad personal. La Defensoría enfatizó que este tipo de acciones podría causar un daño grave a la democracia del país. El Gobierno Nacional ha tomado medidas inmediatas de protección para los tres funcionarios tras recibir información de organismos de inteligencia. Según informes, el presidente Gustavo Petro fue informado sobre la situación y ordenó la activación de protocolos de seguridad. La Defensoría del Pueblo ha destacado la rápida respuesta del Estado, pero también ha instado a la Fiscalía a investigar a fondo y judicializar a los responsables. “Es fundamental que la Fiscalía pueda avanzar urgentemente en el esclarecimiento de estos hechos”, declaró la Defensoría. El partido Alianza Verde, al que pertenece Juvinao, ha expresado su rechazo a cualquier intento de silenciar a los representantes democráticos. En un comunicado, el partido solicitó que se mantenga y evalúe el esquema de seguridad de la congresista, asegurando su eficacia. Las autoridades están investigando la posible participación de exintegrantes de la Fuerza Pública en este plan, que busca desestabilizar la institucionalidad y atribuir responsabilidades políticas al Gobierno. Los tres funcionarios han sido convocados a reuniones de seguridad para discutir las amenazas y definir los protocolos de protección. El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, están coordinando la implementación de medidas adicionales. Aunque no hay información concreta sobre un atentado específico, las autoridades mantienen una alerta preventiva. Esto se debe a incidentes recientes, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que subrayan la necesidad de proteger a los líderes políticos. La situación actual refleja un clima de tensión y riesgo para los funcionarios públicos en Colombia, donde la seguridad se ha convertido en una prioridad urgente para el Gobierno y las autoridades competentes.