BOGOTÁ (AP) — La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Atrato en Colombia ha creado una “grave y continua crisis de derechos humanos”, poniendo en riesgo la salud y la supervivencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen del río para su alimentación, agua y cultura.

En una carta publicada el martes, tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron al gobierno colombiano su preocupación por el cumplimiento insuficiente de un fallo de 2016 emitido por la Corte Constitucional donde se reconoció al río Atrato como una entidad legal con derecho a protección y restauración.

“Han pasado diez años y hemos visto que la implementación y el cumplimiento de los términos de esa decisión han sido insuficientes”, declaró a The Associated Press Marcos Orellana, el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos. “Una gran parte del problema se origina en la presencia del crimen organizado: contrabando de mercurio, contrabando de oro y corrupción en las fuerzas militares y policiales”.

El río Atrato, una de las mayores vías fluviales de Colombia, serpentea casi 805 kilómetros (500 millas) desde los Andes occidentales hasta el mar Caribe a través de las exuberantes selvas del Chocó, una de las regiones con mayor biodiversidad, pero también con mayor pobreza del país. Es hogar de comunidades predominantemente afrocolombianas e indígenas que dependen de la pesca y la agricultura a pequeña escala, medios de vida que ahora están amenazados por la contaminación.

La minería ilegal de oro es uno de los principales impulsores de la deforestación y la contaminación en muchas de las regiones amazónicas de América Latina. Los crecientes precios del metal y los débiles sistemas de trazabilidad han alimentado la demanda de oro extraído ilícitamente que a menudo se infiltra en las cadenas de suministro globales. El mercurio utilizado para extraer oro ha devastado la vida silvestre, incluidos los delfines de río y los peces, y ha contaminado las fuentes de alimento de las comunidades indígenas en áreas remotas de Amazonía.

En un informe publicado el año pasado por la AP se muestra cómo los residentes locales, encargados de salvaguardar el río, actúan como vigilantes de la minería ilegal y la salud del río, a menudo bajo amenaza de grupos armados.

Orellana dijo que la ONU recibió evidencia que muestra que más de un tercio de la población en la cuenca del Atrato ha estado expuesta a niveles de mercurio que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Calificó la situación como “increíblemente preocupante” y mencionó la extrema toxicidad del metal y su capacidad para causar daño neurológico, insuficiencia orgánica y trastornos del desarrollo en niños no nacidos.

El fallo de la corte de 2016 fue aclamado globalmente como un hito en el derecho ambiental e inspiró iniciativas similares de “derechos de la naturaleza” en otros lugares. Pero Orellana dijo que el cambio político, la falta de financiamiento y la presunta corrupción han dañado su aplicación.

“Cumplir con una decisión judicial requiere un compromiso institucional a largo plazo”, expresó. “La política puede interferir, y la realidad se impone cuando no hay presupuesto”.

La carta, firmada de forma colectiva por el relator especial sobre el derecho a un ambiente saludable y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, fue enviada al gobierno colombiano hace más de 60 días, dijo Orellana, pero no ha sido respondida. Según los procedimientos estándar de la ONU, los gobiernos tienen 60 días para responder a tales comunicaciones antes de que se hagan públicas.

“Espero que el gobierno responda, dando efecto a sus obligaciones en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos”, manifestó.

Hasta el momento, la oficina presidencial de Colombia y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no han respondido a las solicitudes de comentarios.

En su comunicación, los relatores de la ONU describieron la contaminación por mercurio como una violación del derecho a la salud, a la vida y a un ambiente limpio. Instaron a Colombia a tomar medidas “inmediatas y efectivas” para frenar la minería ilegal, limpiar los sitios contaminados y proporcionar atención médica a las comunidades afectadas.

El mercurio se utiliza comúnmente en la minería de oro a pequeña escala para separar el metal precioso del sedimento, pero cuando se libera en los ríos, envenena a los peces y se acumula en los tejidos humanos. Colombia prohibió el uso de ese metal en la minería en 2018, sin embargo, la aplicación de esa prohibición sigue siendo débil, especialmente en zonas de conflicto dominadas por grupos armados y redes criminales.

Orellana dijo que su oficina ha recibido evidencia de trabajo esclavo, prostitución forzada y desplazamiento vinculados a operaciones de minería ilegal en la región del Atrato.

“Estas formas de violencia y violaciones de derechos humanos acompañan la contaminación por mercurio y deben ser tratadas como crímenes ambientales”, afirmó.

Instó a Colombia a asumir un papel de liderazgo en el fortalecimiento de los controles internacionales sobre el mercurio en virtud del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, y afirmó que las regulaciones globales actuales tienen “lagunas que deben cerrarse” para frenar el comercio transfronterizo.

Un progreso significativo, añadió Orellana, significaría ver una disminución en el número de hectáreas minadas, lo cual ha aumentado desde el fallo de 2016, y garantizar que las comunidades tengan acceso no solo a pruebas, sino a atención médica especializada y orientación clara sobre cómo reducir la exposición.

“Los derechos humanos de las víctimas están en juego”, afirmó. “El derecho internacional exige que los estados respeten y garanticen los derechos, no por un día o por una semana, sino todo el tiempo.”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.